En anterior artículo traté el tema de los embargos de sueldo en el caso de los empleados privados y haré lo mismo con el caso de los empleados públicos (nacionales, provinciales y municipales).
En este caso, a diferencia del anterior, la cuestión es bastante más compleja y polémica, tanto por algunas cuestiones semánticas de la regulación como porque muchos la consideran inconstitucional, como veremos a continuación.
El decreto que regula la cuestión, de 1943, establece diferentes hipótesis, que simplificadas son: