Nos quieren quitar hasta lo bailado!

¿Le preocuparía que un funcionario cualquiera pueda decidir en cualquier momento y sin ningún motivo negarle ver a sus hijos, quitarle su casa, encarcelarlo, cerrarle su negocio, impedirle salir del país o simplemente quejarse?

Si es así debe preocuparle, y mucho, la muy mal llamada “democratización de la Justicia”, perversamente impulsada por el actual gobierno nacional.

¿En qué consiste básicamente esta propuesta?

En que nuestra Presidenta pueda decidir libremente que jueces nombrar, no nombrar, echar o no echar.

Más simplemente, hacer depender a los jueces de la voluntad presidencial.

¿Cómo se lograría esto?

Intentaré explicarlo paso a paso.

Existe un organismo en la Constitución Nacional llamado Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar los jueces y de acusarlos cuando cree que hay alguna razón para ello.

La misma Constitución establece que la integración de dicho organismo debe ser equilibrada e incluír la “representación” de políticos, jueces y abogados y personas del mundo académico y científico.

Se busca con ello que la integración del organismo sea lo menos política posible, que no dependa de los partidos y que esté integrada por personas especializadas por ser una cuestión técnica.

Lógicamente, sólo hay “representación” cuando hay “representantes”, los que a su vez tienen “representados”. En este caso significa que los representantes de los jueces no pueden ser elegidos por los no jueces, los representantes de los abogados no pueden ser elegidos por los no abogados, así como un representante mío no puede ser elegido por alguien que no sea yo porque si lo elige alguien que no soy yo entonces no es mi representante (¡lo que hay que explicar!).

Increíblemente, y a pesar de la claridad del texto, y con la falsa excusa de la “participación popular”, la Presidenta pretende que los representantes de los jueces y los abogados sean elegidos directamente por la gente, en boletas partidarias (¿?) y sólo en partidos nacionales (¿?).

Esto significa que los jueces van a ir en las mismas boletas que los diputados, senadores, concejales, etc. y que va a haber jueces radicales, kirchneristas, del PRO, socialistas, etc.

No deja de resultar asombroso que la ley expresamente les prohíba a los jueces hacer política pero que, a partir de ahora, sólo podrán acceder a su cargo y permanecer en él haciendo política.

Obviamente va a haber campaña y obviamente va a ser pagada por los partidos políticos.

¿Cómo dictar una sentencia en contra de aquél al que le debo mi cargo y mi permanencia?

Adicionalmente, la exigencia de que sólo los partidos de alcance nacional pueden presentar candidatos desplaza a los minoritarios y reduce el universo a tres o cuatro, de entre los cuales el partido oficialista, con el tremendo poder estatal de su lado, es indudablemente el más poderoso.

La malicia de la reforma se completa con la modificación del número de integrantes y la mayoría necesaria para tomar decisiones, ya que se propone que el Consejo de la Magistratura se integre con 19 miembros de la siguiente manera:

– 3 jueces, correspondiendo 2 a la lista ganadora y 1 a la segunda (se advierte como argumento adicional como se desplaza a las fuerzas minoritarias y se concentra en las dos primeras). Si un oficialismo gana, se lleva 2, en el peor de los casos pierde y se lleva 1 (muy difícilmente un oficialismo salga tercero a nivel nacional)

– 3 abogados, siendo aplicable el mismo razonamiento

– 6 representantes académicos o científicos, de los cuales van 4 para la primera lista y 2 para la segunda, siendo aplicable el mismo razonamiento

– 6 legisladores, 3 diputados y 3 senadores, 2 para la mayoría y 1 para la minoría. Con mayoría en ambas cámaras el oficialismo se lleva 4

– 1 representante de la Presidenta, lógica y casualmente, el único que no va a elecciones

De ésta manera, con la falsa excusa de la “participación popular” y sin necesidad de hacer una gran elección, el oficialismo lograría tener 13 miembros (2 jueces más 2 abogados más 4 académicos más 2 diputados más 2 senadores más el nombrado directamente por la Presidenta) sobre 19, con lo cual, y dado que la mayoría para tomar decisiones es de 10, le sobra margen para manejar a gusto el organismo que elige y acusa a los jueces.

Ya vemos como actúan los diputados y senadores que debieran representar al pueblo pero que en realidad representan a la Presidenta, cuyas órdenes obedecen de forma ciega y lastimosa.

También vemos como actúa la titular del Banco Central o los miembros del AFSCA (el equivalente al ex COMFER, organismo encargado de aplicar la vigente Ley de Medios), sólo por poner algunos ejemplos.

Ninguna duda cabe que los miembros que integren el Consejo por el oficialismo actuarán de la misma forma.

Con una Justicia independiente si a un ciudadano le quitan arbitrariamente la casa o lo privan de su libertad puede acudir a un juez, quien ordenará devolverle la propiedad o liberarlo y el problema estará resuelto.

Muy por el contrario, si un juez arriesga su cargo, su sueldo y el bienestar de su familia por tomar una decisión contraria a la Presidenta y ésta fue quien ordenó quitarle la casa o encarcelar al ciudadano en cuestión, que cree que decidirá?

En esta misma línea cabe preguntarse: ¿qué ocurriría si la Presidenta decide presentarse a la re-reelección sin reformar la Constitución, alegando que el pueblo es soberano, que su poder está por encima del texto constitucional y que es el único que puede decidir si continúa o no en el cargo?

Si los jueces dependen de ella, quien se lo impediría?

¿Será por eso que anunció que no impulsará una reforma? ¿Porque no hace falta?