Los embargos de sueldos (empleados públicos)

En anterior artículo traté el tema de los embargos de sueldo en el caso de los empleados privados y haré lo mismo con el caso de los empleados públicos (nacionales, provinciales y municipales).

En este caso, a diferencia del anterior, la cuestión es bastante más compleja y polémica, tanto por algunas cuestiones semánticas de la regulación como porque muchos la consideran inconstitucional, como veremos a continuación.

El decreto que regula la cuestión, de 1943, establece diferentes hipótesis, que simplificadas son:

a) Si la deuda es por préstamo de dinero o compra de mercadería, el sueldo es inembargable

b) Si la deuda es por otro motivo (impuestos, alquileres, honorarios, servicios, etc.) se puede embargar y ejecutar normalmente “de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes”.

Sintetizando al máximo puede decirse que la regla es que los sueldos son embargables y las excepciones son el préstamo de dinero y la compra de mercadería.

Hasta acá podría parecer más o menos claro; sin embargo surgen las siguientes dudas:

1.- ¿Cómo se interpreta un documento del que no se puede saber el origen de la deuda (como un pagaré, por ejemplo)?

Para algunos debe suponerse que el pagaré no es una de las excepciones ya que las leyes deben interpretarse de acuerdo a la regla, lo que significa que en ese caso el sueldo se puede embargar.

Para otros debe suponerse exactamente lo contrario ya que se debe presumir que un pagaré se trata de un préstamo de dinero, lo que significa que en ese caso el sueldo no se puede embargar.

Aunque el decreto tenga ya casi setenta años de vigencia, la Justicia todavía no se puso de acuerdo.

2.- ¿Cuáles son las “disposiciones legales vigentes” del punto b)? O sea, ¿qué porcentaje se puede embargar?

Una vez más, la cosa no está clara y puede interpretarse que es la que permite un embargo del 20% -en base a un pasaje bastante confuso del mismo decreto- o que es la que se aplica a los empleados privados, que, como vimos, permite un embargo menor.

Como si éstas dudas interpretativas no fueran suficientes, y más allá de las opiniones que se tomen en los puntos anteriores, muchos creen que el decreto es inconstitucional en la parte que establece la inembargabilidad por significar, por un lado, una desigualdad ante la ley respecto a los empleados privados, y por otro, una violación al derecho de propiedad del acreedor, que se ve impedido de cobrar aunque sea una parte de su crédito.

Lejos de ser un debate teórico o abstracto, es bien concreto porque cotidianamente se presentan planteos de inconstitucionalidad del decreto en este punto, los que a veces la Justicia acepta y a veces no.

Personalmente coincido con éste planteo porque respetuosamente creo inaceptable que los empleados públicos tengan un privilegio respecto a los empleados privados (además de los que ya tienen en cuanto a remuneración, horas semanales trabajadas, licencias, beneficios sociales e imposibilidad de despido).

También creo que es una clara muestra de inseguridad jurídica que quien le prestó dinero o le vendió mercaderías a un empleado público no pueda cobrarse su acreencia.

Independientemente de éstas reflexiones, y para finalizar, resulta evidente la necesidad de una adecuación legislativa que otorgue previsibilidad, elimine dudas y diferenciaciones infundadas y proteja la seguridad jurídica.

Hasta la próxima…

Etiquetas: embargo, empleado público, sueldo