Con tanto debate sobre la inseguridad nunca escuché hablar de la impresionante cantidad de “condenados libres” que hay en nuestro país.
No me refiero a prófugos de la Justicia, sino a personas condenadas penalmente a prisión pero “legalmente” dejadas libres por los mismos jueces que las condenaron.
¿Cómo es esto?
Voy a explicar aquí el principal mecanismo (de varios) que permite semejante locura, no sin terminar el artículo con una propuesta concreta en este sentido.
Como aspirante a dirigente político que soy he decidido encarar el imperioso tema de la inseguridad sin caer en los conceptos huecos que se suelen escuchar, sino definiendo y atacando a nuestro verdadero enemigo: el “garantismo”.
Este artículo es el primero de una serie que dedicaré exclusivamente al tema (en los que los invito a seguirme y a suscribirse), independientemente de las columnas de docencia y prevención jurídica habituales en éste espacio.
En este combate al garantismo utilizaré dos armas: la información y la desideologización.
Primero lo primero: definir al enemigo. ¿Qué es el “garantismo”?
Básicamente podemos decir que es la tendencia a interpretar y aplicar las reglas del proceso penal y del Derecho Penal de forma tal de evitar siempre la condena y las penas o, en caso de que sean inevitables, a minimizar y suavizar los más posible su aplicación.
Recuerdo que cuando comencé con mis primeras columnas jurídicas de radio, en las que iba tocando distintos temas, un día decidí hablar de nuestra ley sobre el nombre y apellido y confieso que no pensaba que fuera a interesar demasiado a los oyentes.
Para mi sorpresa fue uno de los temas que más comentarios generó, lo que se ha reiterado las veces en que lo volví a tocar y lo que me impulsó a tratarlo hoy aquí.
Debo empezar diciendo que tenemos una ley específica que regula todo lo relativo al nombre y apellido, que es bastante minuciosa y es de junio de 1969 (dictada por Onganía, una verdadera ironía que el principal aspecto de la identidad de las personas esté regulado por una ley de facto).
Empezando por el nombre de pila, vale como curiosidad destacar que hasta el año 1984, hacer relativamente poco, lo elegía en primer lugar el padre; desde ese año- cuando se dictó la ley de Patria Potestad que igualó derechos de padres y madres- lo elijen entre ambos y sólo a falta, impedimento o ausencia de alguno de ellos lo elige el otro y a falta de ambos, la persona que hubieren autorizado y si no, ya entra el Estado.
Una vez más, nuestra ley es excesivamente intervencionista y nos quita libertad para elegir libremente los nombres, estableciendo reglas bastante estrictas (les sugiero leer la historia sobre ésta cuestión que cuento al final).
Aunque ya he tenido oportunidad de adelantar mi opinión favorable al matrimonio homosexual en éste mismo blog, el 25 de febrero pasado, me parece interesante volver sobre el tema pero ahora con la intención de explicar concretamente algunos puntos especificos de la reciente ley sobre el tema.
De paso, aprovecho para contarles como quedó la cuestión de los hijos y para invitarlos a compartir algunas reflexiones mías sobre todo este tema y la familia en general en el siguiente artículo.
Para empezar, de acuerdo a la nueva legislación los matrimonios entre personas del mismo sexo quedan completamente igualados con los matrimonios heterosexuales, tanto en sus derechos como en sus obligaciones.
Para que no queden dudas, la misma ley aclara que siempre que se utilice la palabra “matrimonio” deberá entenderse extensivas a todos los celebrados entre personas de mismo sexo, a la vez que nunca podrá interpretarse ninguna ley en el sentido de limitar o disminuír los derechos de los cónyuges homosexuales.
En concreto, y para dar algunos ejemplos “gruesos”, los homosexuales que se casen tienen los siguientes derechos y obligaciones:
Aprovechando el intenso debate que se ha dado sobre el matrimonio homosexual y la familia en general, sentí deseos de escribir por separado un artículo con mis reflexiones al respecto.
En general quienes se opusieron al matrimonio gay se han presentado como “defensores de la familia”.
Por supuesto que nadie puede discrepar con eso y personalmente no dudo de las buenas intenciones de quienes sostuvieron esa posición -y que creo que fueron excesivamente atacados en algunos casos- pero creo que parten de un presupuesto erróneo.
Me refiero a presunción de que existe alguna clase de “prototipo” o “modelo” de familia, cuando la realidad demuestra acabadamente lo contrario.
Ramiro René Rech 