El rol de los jueces

Una de las polémicas nacionales del momento gira alrededor de un tema central en todo país republicano y democrático que se precie de tal: el rol de los jueces.

Por un lado, el gobierno nacional presiona con mucha dureza a la Justicia en general y a ciertos jueces en particular (exigiendo renuncias, denunciando supuestos complots, ventilando la vida íntima de alguno de ellos, presentando proyectos de ley para examinarlos periódicamente, etc.).

Por otro lado, los jueces rechazan esas presiones y reclaman independencia para su función.

Los fundamentos a favor de una u otra posición parecen basarse más en posturas políticas que en pautas más o menos objetivas, lo que en mi opinión le da cierta superficialidad al debate.

Por eso paso a exponer mi visión sobre el tema, adelantando que no es del todo coincidente con ninguna de las dos posturas.

En primer lugar, históricamente los jueces han estado bastante aislados de la sociedad bajo el argumento de que deben mantenerse ajenos a las presiones populares o mediáticas, lo que muchísimas veces sirvió en realidad para pretender que no se critique ni controle sus funciones.

Además, todos los que estamos más o menos vinculados con la Justicia sabemos que es extremadamente difícil destituír a un juez.

En esa línea, y siguiendo una vieja regla de total sentido común, a todo cargo del que resulte difícil salir debiera resultar difícil entrar.

Por ello, creo que debiera perfeccionarse el mecanismo de ingreso de los jueces a la Justicia, para lo que tengo propuesta concreta y nada original: hacer con todos los jueces del país las mismas audiencias públicas que, por iniciativa del ex presidente Kirchner, se hace hoy con los jueces que aspiran a ingresar a la Corte Suprema de la Nación.

Creo que se incrementaría notablemente la calidad -y sobre todo, la credibilidad- de la Justicia si antes de que un ciudadano acceda al tan digno cargo de juez (o defensor oficial o fiscal o asesor) deba exponerse en una audiencia pública, abierta a todo el público y con presencia de los medios, y responder los cuestionamientos pertinentes que pudieran presentársele.

Y una vez en el cargo, creo que los jueces deben dejar de lado aquella vieja frase según la cual “los jueces hablan sólo a través de sus sentencias”. No deben ampararse en la dignidad de su investidura para evitar dar explicaciones a la comunidad ni pretender estar exentos de críticas.

Por eso disiento abiertamente con la mayoría de los jueces cuando sostienen que las críticas a sus personas o sus decisiones afectan la independencia judicial.

Dicho en criollo, creo que los jueces -como cualquier funcionario público- se tienen que “bancar” las críticas, aún cuando sean infundadas o agraviantes.

Así como es cierto que el gobierno actual actúa muy mal amenazando a los jueces con juicios, denunciando complots ridículos o pidiendo renuncias, los jueces actúan también muy mal cuando pretenden no ser criticados alegando una  presión que supuestamente afectaría su independencia de criterio.

Seamos claros: la independencia de un juez queda demostrada, precisamente, cuando recibe “presión”. Dicho de otro modo, es muy fácil ser independiente cuando no hay ningún tipo de presión ni crítica ni nada.

Además se pierde de vista un punto crucial: la ausencia de críticas públicas, lejos de eliminar la presión sobre los jueces, las puede incrementar.

Para que se entienda: si algún poderoso quisiera presionar a un juez, ¿qué mejor que presionarlo en privado en su despacho con la certeza de que nadie lo va a criticar “para no afectar su independencia”?

Por el contrario, si un juez sabe que esta expuesto a las críticas, será más firme a la hora de resistir las presiones, ya que las consecuencias de ceder a las mismas serán peores para él.

Sin amenaza de críticas, ¿por qué no ceder?

De hecho, una de las más graves causas de la inseguridad es el aislamiento de los jueces y fiscales penales, el desconocimiento de sus identidades y la consecuente imposibilidad de críticas, lo que los lleva a encerrarse en un círculo intelectual académico completamente dislocado de la comunidad (a ese estado llegamos, justamente, porque “no los presionamos”).

Ingresando a otro tema, el proyecto del gobierno de avanzar sobre ciertos aspectos de la vida privada de los jueces (su religión, sexualidad, el colegio de sus hijos o sus actividades recreativas) es claramente absurdo e inviable, a pesar de lo cual, entre tanta locura, plantea algunos puntos válidos.

Por ejemplo, la propia ley obliga a los jueces a no intervenir en un juicio cuando una de las partes es pariente hasta el cuarto grado por consanguinidad (incluye tíos, tíos abuelos, primos, sobrinos y sobrinos nietos) o segundo por afinidad (suegros y cuñados) y la verdad es que no sabemos cuales son dichos parientes. En este punto sería correcto e indiscutible que se le exija al aspirante a juez que entregue la nómina de parientes que podrían generar conflictos de intereses. Incluso, ya siendo juez, debiera informar los nuevos parientes que puedan quedar comprendidos en esa categoría.

La misma ley obliga a los jueces a no intervenir cuando una de las partes es acreedor o deudor, con lo cual también resulta totalmente razonable que el juez informe públicamente quienes son ellos.

Igualmente la ley obliga a una juez a apartarse de un asunto cuando interviene un amigo manifiesto o enemigo manifiesto, con lo cual, una vez más, debiera informarse públicamente los amigos y enemigos del juez.

Hoy por hoy, la verdad es que no sabemos cuando estamos litigando contra un familiar, amigo o acreedor del juez.

Otro gran tema, a mi juicio aún pendiente, es la falta de consciencia por parte de los jueces de que su función es lo suficientemente importante para el país que no admite ser compartida con otras actividades que quiten tiempo y/o energías para la administración de Justicia.

Personalmente, y a riesgo de ofender alguna persona respetable, debo confesar que me irrita mucho escuchar que un juez se queja del exceso de causas o del poco tiempo que tiene para resolverlas mientras presenta un libro o asiste a un seminario en el Caribe (aquí no estoy siendo irónico).

Siendo juez de la Corte, Zaffaroni escribió (o eso dijo) un Tratado de Derecho Penal de… ocho tomos!

Escribir esté articulito de menos de tres páginas me lleva a mi más o menos una hora. El escribió ocho tomos…y después no tiene tiempo!

Para que no piensen que me ensaño con Zaffaroni (que para mi es especialmente inepto para la Corte), Highton de Nolasco y Argibay Molina, las dos jueces mujeres de la Corte, no sólo siguen escribiendo, sino que no se pierden seminario, homenaje, curso, presentación o cualquier cosa que haya, sea donde sea en el país o fuera de él.

Cada “viajecito” de esos son dos, tres o cuatro días que no trabajan en sus despachos. Si les parece poco, piensen que lo hacen varias veces al año.

Lo mismo cabe decir de Lorenzetti, el presidente de la Corte, que no se pierde ninguna.

Digo todo esto porque tengo en tan alta estima la misión de un juez y lo trascendente de la Administración de Justicia, que creo que dicha función exige una exclusividad que cualquiera que ame el Derecho le concedería con gusto.

Si intentara resumir mi humilde posición, tan lejana de la locura autoritaria del gobierno como del corporativismo oscurantista de muchos jueces, creo que para ejercer el cargo de juez deben reunirse los siguientes requisitos y condiciones:

1.- Presentarse públicamente en sociedad antes de acceder al cargo, exponiendo sus principales posiciones jurídicos

2.- Informar públicamente las personas con las que se puede tener conflictos de intereses (parientes, acreedores o deudores, amigos o enemigos)

3.- Dedicarse con exclusividad, renunciando a cualquier actividad académica o comercial (no olvidemos que editar un libro es, en definitiva, una actividad lucrativa) y reduciendo los actos protocolares al mínimo

4.- Soportar las críticas de cualquier tenor y de cualquier sector de la sociedad sin reclamar ningún silencio

5.- Defender sus decisiones jurídicas aun fuera del expediente cuando algún interés público se encuentre comprometido o su credibilidad pueda ser afectada por desinformación deliberada

6.- Poseer y actualizar el conocimiento jurídico

7.- Confiar en una remuneración que permitirá tener una vida holgada y sin preocupaciones

Seguramente hay mucho más por decir en esta cuestión, pero espero haber contribuído en algo en este debate sobre un tema tan caro para mí como lo es el rol de los jueces.

Hasta la próxima…

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2 comentarios to “El rol de los jueces”

  1. Eliseo P. Balmaceda Says:

    estoy muy de acuerdo en todo especialmente en los 7 pintos finales

  2. Gastón Rey Says:

    Ramiro, coincido con el fondo pero no con las formas. Las audiencias son parte del “show”, pero no agregarían mucho (como no aportaron demasiado en la conformación de la actual Corte). El problema mayor, en el contexto de esta idiosincrasia que vivimos, esta dado, aunque parezca insólito, en la incumbencia de la “democracia” ejercida por los partidos y los dos poderes restantes, que inmiscuyéndose en la faz judicial (igualando para abajo o para el bolsillo) condicionan el accionar de la justicia y en una enorme mayoría de casos, anteponen intereses mezquinos en la selección de los jueces (de la terna del Consejo de la Magistratura) eligiendo en varias oportunidades al acomodado de turno, por sobre el que sabe de verdad, o bien luego condicionan a los pocos magistrados independientes.

    Un perfil tecnocrático y de asepsia ideológica que jerarquice la función y a la vez impida el mal llamado “gobierno judicial” sólo se podría lograr con una aristocratización del conocimiento y una jerarquización de la justicia. Y eso se lograría si el Consejo de la Magistratura tuviera una autonomía total, que bien podría receptar esas premisas que te referis. Terminando con todas las interferencias se disminuiría a su vez el carácter corporativista que asumen sus miembros. La democracia encontraría su lugar natural en la conformación de los jurados populares (previstos por la Constitución y nunca cumplidos), tan necesarios para que las causas penales adquieran su “firmeza” mucho más rápido (por emanar la decisión de la soberanía del pueblo y como tal cuasi-irrevisable). La República no peligraría puesto que lo esencial es la separación de poderes. Por supuesto que sería necesaria una reforma constitucional.

    Y hay dos temas que encuentro favorables a esta idea: por un lado el sistema ultra presidencialista que tenemos choca con la filosofía liberal que anima buena parte de la Carta Magna y que hallaría un freno más genuino a sus desbordes. Po otro lado, ante el avance de la incorporación de nuevos derechos que provocan la inevitable contradicción de los derechos fundamentales (individuales y colectivos), solo una justicia absolutamente independiente podría garantizar un control de constitucionalidad que apliquen la razonabilidad y la legalidad sirviendo para equilibrar todo el fundamento del sistema.
    Saludos.

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