La verdadera discusión detrás del uso del casco en las motos

Ya todos escucharon hablar de la sentencia del juez de Faltas cordobés de la ciudad de Calamuchita que resolvió que no se podía obligar a un motociclista a usar casco.

Curiosamente, fundamentó su decisión en algunos conceptos de la Corte Suprema de Justicia nacional cuando el año pasado determinó que estaba permitido tener drogas para consumo personal.

Aunque no estoy de acuerdo con la resolución del juez cordobés (como lógicamente tampoco lo estoy con la de la Corte), creo que no merecía las críticas despiadadas de los medios y dirigentes políticos y que su decisión plantea un debate que me parece interesantísimo.

Me refiero a la idea que tenemos acerca de la libertad individual y su contracara, la intervención del Estado.

Antes que nada, una aclaración básica: siempre que el Estado interviene, en cualquier aspecto, lo hace a través del Derecho (puede ser una ley, un decreto, una ordenanza, una resolución, etc.). Eso significa que el contenido del Derecho nos muestra la clase de Estado que tenemos.

En éste tema hay una regla de oro, casi matemática: a mayor intervención estatal menor libertad individual, y viceversa.

En un extremo de ésta regla tenemos el anarquismo, que rechaza todo tipo de Estado, y en el otro extremo tenemos el autoritarismo (comunismo, fascismo, nazismo, etc.), que suprime toda libertad individual.

Por eso la discusión de fondo es sobre donde queremos poner nuestro Estado entre esos dos extremos.

De hecho, me atrevo a afirmar que casi todas las ideologías políticas no extremas giran alrededor de éste tema.

Todos estamos de acuerdo en que el Estado debe intervenir, pero las diferencias nacen a la hora de determinar la magnitud de esa intervención.

Dependiendo de la postura que tengamos, tendremos un Estado que priorice “lo colectivo” (en realidad, lo que los dirigentes determinen que es “lo colectivo”) en perjuicio de lo individual –lo que propone el socialismo-, o un Estado que privilegie la libertad individual por sobre lo colectivo –lo que propone el liberalismo-.

Pero en el medio de estas dos formas más o menos “puras” existen un montón de matices dentro de los cuales suelen ubicarse los distintos Estados, dependiendo muchas veces de los distintos temas.

Después de esta pequeña introducción, y retomando la sentencia cordobesa que comentamos, creo que el debate es interesante porque en el caso concreto del casco, la mayoría opinamos que su obligatoriedad es una intervención del Estado razonable y aceptable. Sin embargo, no aparecen muy claros los fundamentos que tenemos para admitir esa intervención.

Un argumento que he escuchado mucho se basa en la cantidad de camas de hospitales públicos ocupadas por motociclistas. Esa fundamentación, indudablemente bienintencionada, me parece equivocada y hasta peligrosa.

Si siguiéramos esa línea de pensamiento, nunca encontraríamos límites, ya que también hay camas ocupadas por cardíacos, con lo cual podríamos exigir que el Estado vigile que la gente se cuide del colesterol y haga actividad física, lo cual suena absurdo pero es una consecuencia lógica.

El argumento más sólido que tenemos para defender la obligatoriedad del casco, del cinturón de seguridad, etc. es también ideológico, y obedece al interés del Estado en defender la familia como núcleo de la sociedad.

De ese modo, el objetivo del Estado de obligar a una persona a “protegerse de sí misma” (como en el caso del casco) y minimizar las posibilidades de muerte del conductor, responde a la necesidad de que esa muerte no signifique dejar hijos huérfanos, viudas o viudos sin recursos o padres desgarrados por el dolor.

Como puede observarse, el fundamento no sería económico (un eventual ahorro del Estado) sino moral (la protección de la familia).

A pesar de todo esto, y aunque suene muy lindo, creo que seguimos en una zona muy peligrosa, ya que la intervención estatal tiende a no tener límites, especialmente cuando se invoca la protección de lo “colectivo” o la familia.

Por ejemplo, en un juicio penal o civil los parientes del acusado o demandado no pueden declarar en su contra, una verdadera locura. Se sacrifica la búsqueda de la verdad (ni más ni menos) para proteger la “armonía familiar”.

Se prohíbe desheredar a un familiar o desplazarlo de un patrimonio de una herencia futura por la misma razón. Paradójicamente, se destruyen familias forzando la convivencia obligada de parientes en conflicto, todo bajo la idea de la “unión familiar”.

No se puede hacer un contrato de alquiler por menos de dos años para proteger al inquilino, gracias a lo cual después termina pagando un alquiler más caro y volviéndose loco con la garantía, entre otras cosas.

No podemos poner un negocio barrial si no tenemos un mínimo de tres metros, ni podemos habilitar un local si el dueño está muerto y no se hizo la sucesión (aunque los herederos no tengan plata y quieran alquilarlo, precisamente, para hacerla), ni si el dueño debe impuestos (que quizás quiera pagar, justamente, alquilando el local).

Tampoco podemos estacionar en alguno de los muchos lugares absurdamente reservados a instituciones privadas (bancos, mercados, radios, sindicatos, centros de colectividades extranjeras, hoteles y mil etcéteras más), lo que constituye un subsidio “en especie” en clara violación al principio de igualdad ante la ley y, ya que estamos con el tema, en un claro entorpecimiento al tránsito por sustraer espacios de estacionamiento arbitrariamente.

Eso sí: podemos tener droga para consumo personal.

Como pueden ver, lejos de ser un debate teórico, es absolutamente concreto, siempre vigente y que explica muchas de las cuestiones de nuestro “día a día”.

Más allá de la discusión que uno pueda tener con los demás, creo que es fundamental la introspección que podamos hacer cada uno de nosotros a título individual, intentando autodisciplinarnos para exigir menos del Estado y responsabilizarnos más nosotros mismos.

Aunque alguno pueda creer que me desvié un poco del tema inicial, creo que el debate “casco sí vs. casco no” sirve perfectamente para destacar una cuestión filosófica esencial para el desarrollo personal y el desarrollo nacional: la protección de la libertad individual, la iniciativa privada y la creatividad particular frente al avance del Estado.

Hasta la próxima…