Acerca del homicidio de Franco y de algunas propuestas concretas

El reciente homicidio de Franco nos sacudió a todos los marplatenses, y nos generó varios sentimientos simultáneos, que van desde la tremenda pena por la muerte de un chico con toda la vida por delante, un gran enojo con el autor de esa locura, y un fuerte reclamo de Justicia, punto en el que me quiero detener.

Muchas veces ví a la ciudadanía enojada reclamar por más Justicia y con bastante impotencia he notado que no se lograba canalizar el reclamo en un pedido concreto, con lo que el tiempo terminaba diluyendo el clamor de la gente.

Agrava esta situación el discurso único que los intelectuales “garantistas” o “progresistas” lograron imponer, y gracias al cual se ideologiza el debate, se mantiene una gran ignorancia sobre nuestro Derecho y nuestra Justicia y nunca se discute sobre bases concretas, técnicas y verificables.

En ese contexto me parece adecuado explicar algunas cosas de nuestro sistema legal que permiten que estén libres personas como la que mató a Franco, y que después permite que tengan una pena de muy pocos años, transmitiendo la tan generalizada sensación de impunidad.

Para empezar, si se encuentra definitivamente al autor del homicidio, se lo va a acusar de homicidio simple, delito que tiene una pena de 8 a 25 años.

Acá tenemos una primer cuestión, bastante extraña y a la que debemos prestar mucha atención, que es la tendencia de la gran mayoría de los tribunales (en Mar del Plata todos) a imponer penas muy cercanas al mínimo.

Por eso, aunque la escala es de 8 a 25 años, la enorme mayoría de las condenas por homicidio anda entre los 12 y los 14 años, y muchas son de 9 o 10, casi el mínimo.

Si pensamos que la mitad de esa escala es de 16,5 años (el punto medio entre 8 y 25), prácticamente todos los homicidios tienen una condena muy baja (de hecho, es muy difícil, sino imposible, encontrar un caso con una pena de, por ejemplo, 20 años).

Indudablemente, esta es una responsabilidad de los jueces, que en éste punto no pueden escudarse en las leyes, ni en la necesidad de cambiarlas, ya que estamos hablando de una escala que ya está vigente.

Propuesta en éste punto: que el Poder Judicial haga públicas (en algún sitio de Internet, por ejemplo) todas las condenas y los nombres de los jueces que las dictaron, para que la comunidad pueda conocerlas y aceptarlas o cuestionarlas.

Los petitorios ciudadanos deben apuntar, concretamente, a que los jueces impongan penas más cercanas al máximo de la escala que al mínimo (no es lo mismo que un homicida tenga una condena de 12 años que una de 20).

Por otro lado tenemos otro temazo: el arresto domiciliario.

La Corte Suprema argentina ha dicho al respecto más o menos lo siguiente: como una persona es inocente hasta que una sentencia penal la declare culpable, durante el proceso y antes de la sentencia se debe recurrir a la cárcel en forma excepcional.

Por eso hay que buscar alternativas a la famosa prisión “preventiva” (que se llama así, justamente, por no ser definitiva, es decir, la prisión que se dicta antes de la sentencia), y la primer alternativa es, por supuesto, el arresto domiciliario.

En casos como el de Franco, en el que se podría pensar que la indignación popular convence a los jueces de enviar al procesado a la cárcel, paradójicamente se utiliza esa situación para argumentar que ello significa un mayor riesgo para el acusado, ante la posibilidad de que los demás presos, “indignados” (ya que ellos también tienen hijos) ejerzan violencia contra él.

En otras palabras, hay más posibilidades de que le den arresto domiciliario (eso explica que haya habido en nuestra ciudad, por ejemplo, acusados de delitos sexuales con arresto domiciliario).

Esta situación se agrava enormemente en la provincia de Buenos Aires por una razón adicional que paso a explicar.

Los pactos internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución garantizan a toda persona acusada de un delito el derecho a apelar su condena.

Este derecho ha sido forzosamente interpretado por el garantismo (con el pernicioso Zaffaroni a la cabeza) como que la persona sigue siendo inocente hasta que haya una segunda sentencia que confirme la condena (después de la apelación). Por eso se ve a veces en televisión que un tribunal condena a una persona y en el mismo acto la libera, algo que desde el sentido común es incomprensible.

A pesar de que el derecho a apelar es indiscutible y básico para cualquier abogado, los “genios” que armaron nuestro sistema penal provincial decidieron que todas las apelaciones de todas las ciudades de la provincia las resuelva el mismo tribunal (el famoso Tribunal de Casación).

Obviamente, ante semejante cantidad de expedientes, el tribunal se demora una eternidad y mientras tanto el procesado sigue “preso” con “arresto domiciliario” y, lógicamente, todo ese tiempo se le computa frente a una eventual condena.

De más está decir que es imposible controlar los arrestos domiciliarios y que, salvo en el caso de los famosos y de los ex represores, nadie los cumple (un colega penalista me llegó a contar un caso en el que un cliente suyo con arresto domiciliario trabajó “en blanco”).

Todo esto explica que haya gente condenada a varios años de prisión “en los papeles” que nunca estuvo presa en la realidad.

Propuesta para éste punto: que el Poder Judicial haga públicos (también a través de Internet) todos los procesados con arrestos domiciliarios y los domicilios en los que se cumplen, con imágenes de los procesados, de manera tal que la ciudadanía pueda colaborar con la Justicia avisando si alguien viola su arresto.

Tengo un último tema para tocar hoy: la libertad condicional.

Nuestra ley dice que todo condenado a una pena superior a los tres años puede pedir la libertad condicional a los dos tercios de su condena, siempre que haya tenido buena conducta.

Aunque nuestra ley prohíbe la libertad condicional a los reincidentes, algo totalmente lógico, el “genio” de Zaffaroni inventó hace unos años una teoría según la cual eso era inconstituciónal porque se “discriminaba” al reincidente respecto al que no lo era. Según él, el reincidente ya había cumplido con su condena y negarle la libertad condicional en su segundo delito (o tercero o décimo) sería “condenarlo de nuevo”.

Cuando propuso esta teoría hace unos años estaba en soledad y muchos jueces se quedaron helados ante semejante interpretación. Lamentablemente, con el paso del tiempo y el crecimiento del falso garantismo, esta posición se extendió bastante.

Propuesta en este punto: Pedir expresamente a todos los jueces que nieguen la libertad condicional a todos los reincidentes (tal como surge de la ley y de la lógica, ya que hay que hacer diferencia entre un reincidente y un no reincidente)

Hoy por hoy, al homicida de Franco pueden condenarlo, por decir algo y suponiendo que la presión popular influya en el tribunal, a 15 años, de los cuales quizás “cumpla” 5 con arresto domiciliario, y luego pida libertad condicional a los 10 (dos tercios de la hipotética pena).

Eso significaría que habría estado realmente “preso” en la cárcel sólo cinco años.

Estos números son, por supuesto, arbitrarios e inventados por mí en éste momento, pero difieren bastante poco de lo que ocurre todos los días en nuestra Justicia.

Creo que nuestro reclamo como ciudadanos debe exceder las consignas genéricas y traducirse en pedidos concretos.

Ello exige conocer previamente el sistema, y en ese sentido intenté esa contribución, pensando en Franco, en los Franco del pasado y, muy especialmente, en que no haya más Franco en el futuro.

Hasta la próxima…